Hacia un programa de la economía cooperativa

 

Hacia un programa para la economía cooperativa

En julio de 2019, se realizó el Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestionada y Popular, que reunió a las principales organizaciones y dirigentes del sector y contó con la participación de figuras que, posteriormente, ocuparon los lugares más relevantes en el gobierno actual con actuación en la problemática y las demandas debatidas en el encuentro. 

Por Andrés Ruggeri 

 

El eje de las propuestas del Foro planteaba la integración de la economía autogestionada como parte de una política económica y productiva, que articulara con la capacidad de creación (y recuperación) de empleo genuino de las cooperativas y la economía popular, con políticas formativas y vinculadas con el sistema científico y tecnológico, con la integración en las cadenas de valor y con un acceso pleno de las cooperativas y los emprendimientos populares al financiamiento y al crédito. Además, se hacía énfasis en la necesidad de una actualización normativa y legislativa que sostuviera ese programa y reconociera los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la autogestión. 

La asunción del gobierno de Alberto Fernández generó enormes expectativas en nuestro sector. Por un lado, estaba la propuesta de fondo expresada por el Foro, pero también la urgencia: muchas empresas recuperadas y cooperativas de trabajo, en especial, habían depositado todas las esperanzas en el cambio de gobierno ante la agresividad del gobierno macrista. “Llegar a diciembre (de 2019)” se había convertido en la única estrategia. Sin embargo, la inesperada pandemia complicó las cosas, y los reclamos para la asistencia de emergencia se hicieron sentir frente al cierre de la mayor parte de la economía y el hecho de que la mayor parte de los esfuerzos de asistencia estaban armados sobre los mecanismos normativos construidos para los trabajadores asalariados (el ATP) o para los que carecían de todo tipo de ingreso o formalidad (el IFE), quedando las cooperativas de trabajo en un limbo por la falta de legislación acorde para el reconocimiento del trabajo autogestionado. El ministerio de Desarrollo Productivo recibió el traspaso del INAES, presidido por Mario Cafiero, menos de un mes antes del comienzo de la emergencia sanitaria. En septiembre, desgraciadamente, Cafiero falleció dejando inconcluso un programa de acción que se había visto obstaculizado, como todo, por la pandemia, pero que planteaba ejes de avance en la transformación de la inercia burocrática que arrastraba el INAES en un organismo dinámico, “el INAES en la calle” en sus palabras. 

Las respuestas para el sector, mientras tanto, aparecían de a poco y adaptando trabajosamente programas ya existentes. La línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado, del Ministerio de Trabajo, en la práctica desarticulado por la gestión de Macri, fue puesto en marcha para reemplazar el ATP del sector privado, y se adaptó la línea de créditos para capital de trabajo de las pymes al formato de las cooperativas de trabajo con tasa subsidiada del 18%, con impacto más reducido del esperado.  Esta situación comenzó a destrabarse con los anuncios hechos el 23 de diciembre por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y Nahum Mirad, hasta entonces a cargo interinamente del INAES. 

Las medidas anunciadas tienen varias aristas:  se anunció un financiamiento directo a unas 50 cooperativas (mayormente empresas recuperadas) por un total de 280 millones de pesos. Las cooperativas preseleccionadas pertenecen a cadenas de valor que el Ministerio definió como prioritarias, entre las que se encuentran textiles, calzado, metalmecánica, gráfica y editorial, alimentación (incluyendo carnes), energía y distintas ramas de la industria manufacturera como plástico y vidrio. Esta primera asignación corresponde a 2020, con la idea de lanzar una nueva línea para 2021. A su vez esto se articula con otras acciones que pasan por el INAES, como la creación de un programa específico para recuperadas, incluyendo la formación de un equipo técnico. 

La cuestión del financiamiento se continúa con un programa más ambicioso que implica avanzar en la plena incorporación de las cooperativas al acceso al crédito bancario y no bancario. Kulfas había anunciado días antes una nueva línea de crédito que incluía a cooperativas, con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), a través del Banco Nación y otros bancos públicos. La falta de acceso al crédito bancario es uno de los reclamos históricos del cooperativismo de trabajo. 

Además, se evidenció la decisión de avanzar en la resolución de los problemas jurídicos que arrastra el sector, especialmente el de las empresas recuperadas. La necesidad de una reforma de la legislación cooperativa es señalada desde hace ya años, debido a la obsolescencia de una ley sancionada hace medio siglo, con un movimiento cooperativo muy diferente al actual y que todavía no había sido transformado por la irrupción masiva de trabajadores autogestionados que recurrieron a la cooperativa de trabajo como marco legal. Esta vacancia, como sabemos muy bien en el sector de la autogestión, precariza a sus trabajadores y trabajadoras y vuelve más vulnerables a los emprendimientos a los vaivenes políticos y económicos, haciendo difícil la estabilidad y mucho más el crecimiento de las cooperativas de trabajo. Esta precariedad no solo repercute en la vida cotidiana de decenas de miles de cooperativistas, sino que pone un cono de sombra a la viabilidad de la autogestión a través de un obstáculo jurídico que termina adquiriendo más importancia que las dificultades y logros reales, y que urge resolver. 

En línea con esto, también Kulfas apuntó a la regularización de la situación jurídica de las empresas recuperadas que arrastran largos conflictos derivados de las quiebras fraudulentas que las suelen originar, de leyes de expropiación vencidas o juicios de expropiación inversa que tienen en vilo a los trabajadores y trabajadoras de estas cooperativas e impiden el pleno desarrollo de su capacidad productiva. Para eso, se plantea la formación de un fideicomiso conformado con fondos del propio ministerio y de diversos bancos públicos y cooperativas, y la formación de un equipo jurídico que se dedique al estudio y la formulación de propuestas de resolución de esta problemática que afecta a la mayor parte de las más de 400 empresas recuperadas. 

En el marco de esta estrategia, se va a conformar una comisión asesora para el estudio de la legislación y la elaboración de proyectos que apunten, en especial, a resolver los problemas que plantea la ausencia de normativa para el trabajo autogestionado, apuntando al reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social. 

El otro gran eje es el de la articulación de las políticas ya existentes en el Ministerio de Desarrollo Productivo con el INAES, y la adecuación de este último organismo a la promoción de la producción cooperativa y a superar la vieja concepción de un instituto dedicado a gestionar trámites y fiscalizar (o enunciar hacerlo) a cooperativas y mutuales. Para eso el INAES debe agilizar procesos administrativos esenciales para la conformación y la gestión de las cooperativas (como el otorgamiento en tiempos razonables de las matrículas) para poder dedicarse a la implementación de programas de impulso a la producción, a la generación de las estadísticas indispensables para planificar y pensar políticas, y formular propuestas y proyectos de desarrollo sectorial y territorial coordinadamente con otros sectores del Estado, con foco en el propio ministerio de pertenencia. Articular el INAES con los distintos programas y líneas de apoyo de las distintas secretarías de la cartera que conduce Matías Kulfas (Sepyme, Industria, Comercio) es esencial, pero requiere de una transformación interna de una institución que arrastra desde hace décadas la mirada de la contención social y el control puramente formal. El nombramiento de Alexandre Roig al frente del INAES (que deberá ser confirmado oficialmente en los próximos días), parece reforzar esta línea. 

Las medidas no apuntan solamente a paliar la emergencia, sino a sentar las líneas de una política estatal hacia las cooperativas y su integración en una estrategia de desarrollo, como una parte de la estructura económica nacional y no solo como una solución transitoria o precaria a problemas sociales. Aunque son apenas un primer paso, tomadas en conjunto y articuladamente representan un esbozo de un plan de acción integral. En una situación tan compleja como la presente, vale la pena prestarle atención a este programa y a su congruencia con la propuesta del Foro Federal de hace un año y medio atrás.