Negocio inmobiliario vs. hábitat. Acerca de cómo queremos vivir

Negocio inmobiliario vs. hábitat. Acerca de cómo queremos vivir

La pandemia del Covid-19 contribuyó a visibilizar problemas que vienen padeciendo las grandes mayorías populares no desde hace un par de años, sino desde hace décadas. A las dificultades de acceso al trabajo digno se agrega la falta de suelo para la construcción de vivienda. El contexto de pandemia parece haber corrido el velo sobre este tema que debe ser central para construir una sociedad que no solo sea más justa, sino también vivible social y ambientalmente.
Por Melina Schierloh y Enrique Bordón (@liberacion.corriente)

 

Hoy, millones de personas no disponen de una vivienda para resguardarse del coronavirus, mucho menos para descansar, asearse o estudiar en condiciones adecuadas. Según datos de la ONU, un billón (o sea, un millón de millón) de personas de la población mundial reside en asentamientos informales y de baja calidad, los cuales carecen de vivienda adecuada y servicios básicos. En cuanto a los contextos urbanos, en 2020, se calcula que 889 millones de residentes en ciudades lo hicieron en asentamientos precarios. Cuando decimos vivienda inadecuada nos referimos a: una baja calidad de la construcción, la carencia de servicios básicos, la inseguridad de su tenencia y la precaria situación de los atributos urbanos de los barrios. Todo ello da una mezcla explosiva que atenta directamente contra una vida digna.
Las tomas de tierras son la realidad más evidente frente a la imposibilidad de acceder a una vivienda, problemática que se observa en todas las provincias de nuestro país pero que se hace más acuciante en las grandes ciudades. Porque lo que se da como problemática es la imposibilidad del acceso al suelo, en particular al suelo urbano. La gran puja aparece aquí en la apropiación y uso del suelo urbano, que es el punto donde se dan múltiples presiones por parte de los distintos actores: el Estado, los privados o desarrolladores de proyectos inmobiliarios y las personas que pujamos por acceder a la vivienda. ¿Y por qué tanta tensión sobre “lo urbano”? Porque en Argentina hoy el 91% de la población total es urbana, es decir, una gran mayoría vive en las ciudades mientras un escaso número lo hace en entornos rurales. 
Ahora, la discusión es cómo se da esa distribución del espacio urbano: quiénes, cómo y para qué acceden a este. La ciencia y las políticas públicas tienen mucho para hacer en esta tarea. Lo que venimos observando en las últimas décadas es el avance de un modelo de explotación particular del suelo urbano: el crecimiento acelerado de los barrios cerrados impulsados por desarrolladores inmobiliarios. Baste para comprender este fenómeno observar lo ocurrido en el noreste de la provincia de Buenos Aires, esa zona a la que se denomina “Nordelta” y el boom de venta de lotes que allí se ha impulsado. Ese es un claro ejemplo de cómo y hacia dónde se ha extendido la ciudad, imponiendo un modo de vida y estipulando para quiénes está pensado dicho modelo y, a consecuencia, a quiénes deja en sus márgenes. 
Para María Cristina Cravino, antropóloga e investigadora del Conicet en políticas de hábitat, este modelo busca el acceso al suelo de los sectores altos, exclusivamente, al mismo tiempo que alimenta la especulación inmobiliaria. En tercer lugar, este modelo de crecimiento de las ciudades es insustentable: insume enormes cantidades de suelo urbano, se apropian de loshumedales por ejemplo, o cambian los ambientes naturales desconociendo todo tipo de políticas de preservación o equilibrio de los ambientes. Acá, es donde los “amigos carpinchos” aparecen para recordarnos que estos procesos de crecimiento de las ciudades son recientes, brutales y sin perspectivas a futuro.
La desigualdad que provoca este tipo de urbanización se evidencia en los relevamientos que la investigadora ha hecho: para mediados de los 2000 el 10% de la población de la pcia. de Bs As vivía en el 1% del espacio -los asentamientos- mientras que el 1% de la población ocupaba el 10% (en barrios cerrados); al día de hoy esto se multiplicó ese 1 % de población ocupa el 20 % del suelo urbano! Paradójicamente, o consecuentemente deberíamos decir, sobra así la oferta para el acceso a la ciudad y la vivienda para sectores de mayor poder adquisitivo, mientras que son escasísimas las oportunidades para los sectores populares o medios.
Esto se replica en otras provincias, donde la lógica de la especulación inmobiliaria es la aguja que marca el ritmo de las ciudades. El caso de la provincia de Neuquén es muy claro y, aunque tiene características particulares ligadas a la producción hidrocarburífera, va en un mismo sentido. La extraordinaria renta petrolera de la provincia se vuelca en el mercado inmobiliario y genera sobredemanda. Joaquín Perren, historiador e investigador independiente del Conicet, explica cómo esta renta inmobiliaria tiende a imponer y multiplicar la disparidad y a impactar en la dinámica urbana: los alquileres alcanzan valores exorbitantes desencadenando desplazamientos a lugares más lejanos. Esto se ha profundizado en los últimos 10 años dando como resultado una “organización centrífuga” lo que provoca una ocupación muy extensiva del suelo y que la provisión de servicios no sea eficiente. Es decir, hablamos de los servicios básicos como agua, luz y gas, pero también el transporte, recolección de residuos o servicios de ambulancia, todo lo cual funciona aceitadamente en el centro de la ciudad pero no así en las periferias. Se va consolidando así una disposición urbana que se combina con la segregación social.
El principal garante de que el acceso al suelo se desarrolle en un plano de equidad es el Estado, si este no actúa como regulador del acceso a la tierra se generan presiones múltiples, entre las cuales hay que destacar las de los grupos concentrados del mercado inmobiliario, que son fortísimas. En este sentido no es descabellado pensar en los múltiples incendios intencionales que se han desplegado en los últimos meses en nuestro país, como un mecanismo de presión para el despojo de la tierra y la inmediata apropiación para su explotación.  
Es inminente la construcción de una agenda sobre el acceso a la tierra y el suelo urbano, sin dudas allí, deberá estar a la cabeza la regulación del Estado que limite la especulación inmobiliaria y que propenda un acceso a la tierra con justicia social, base para el desarrollo de cualquier modelo de sociedad. Pues no hay forma de que un Estado pueda implementar políticas de vivienda sin suelo.
Otras tareas son urgentes también, como lo es la urbanización de los asentamientos populares ya existentes (sobre los que vale la pena una columna aparte), dado que es la población que es más marginada aún dentro del entramado urbano; esta situación tiene una máxima expresión en la Ciudad de Buenos Aires. 
La creación de lotes con servicios es otra posible medida y, que incluso, diversifique la noción de vivienda. Esto quiere decir que la vivienda pueda ser pensada y construida a partir de criterios que la propia población crea conveniente. Es interesante en este sentido la interpelación que hace Cravino en relación a los usos del suelo: sóloes vivienda? ¿o se puede pensar en que el espacio en el que se vive pueda ser también un ámbito productivo, ya sea para el sostenimiento de un pequeño taller, textil, artesanal, o de una huerta familiar? En definitiva, crear vivienda a partir de las concepciones locales, involucrando a sus destinatarios, puede ser una línea para repensar “la ciudad”, descomprimir la alta densidad urbana, pero también pensar la vivienda rural.  
Todos estos ejes pueden y debieran ser discutidos en estas coyunturas próximas a elecciones de medio término, es imperante porque se trata de cómo queremos vivir y de cómo el espacio que habitamos puede ser más equitativo.

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